Perú: Potencial minero

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A pesar de la inmensa riqueza mineral del Perú y las grandes inversiones planificadas para el sector minero en el corto plazo, los conflictos sociales y otros asuntos normativos han generado un retraso en la producción que, de no resolverse rápidamente, podrían desalentar a los futuros inversionistas.

Durante el año pasado, varias operaciones mineras se paralizaron o se dejaron debido a los conflictos sociales. En septiembre del 2012, Barrick Gold, con sede en Canadá, detuvo sus operaciones por un día a raíz de una disputa entre la policía y los pobladores, que dejó como resultado un manifestante muerto.

Mientras tanto, el conflicto alrededor de la mina Conga fue uno de los más difundidos durante el 2012. La empresa minera Newmont Mining, principal accionista en la mina Conga, en cooperación con el gobierno nacional, decidió suspender sus operaciones indefinidamente. Poner en espera el proyecto cuprífero de $4.8 mil millones fue un gran golpe para Newmont y para el sector minero en general, ya que los inversionistas comenzaron a dudar de la capacidad del gobierno para hacer frente a los disturbios sociales alrededor de los proyectos mineros

Desde que terminó el conflicto en Conga, en agosto del 2012, el gobierno implementó varias modificaciones importantes en la política que rodea la industria extractiva; sin embargo, los disturbios sociales siguen interrumpiendo y retrasando los proyectos mineros. A comienzos de febrero del 2013, las autoridades y habitantes del distrito Los Baños del Inca en Cajamarca, una región rica en minerales, organizaron una protesta contra la mina Yanacocha, que también es manejada por Newmont.

Una de las principales preocupaciones de los protestantes es el impacto ambiental de los proyectos mineros en relación al suministro local de agua. El gobierno nacional ha tomado medidas para manejar este tema mediante la creación del nuevo Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

Aprobado por el Ministerio del Ambiente en diciembre del 2012, SENACE será el ente responsable de aprobar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para los proyectos de inversión a gran escala. Anteriormente el Ministerio de Energía y Mina (MINEM) era la entidad que se encargaba de otorgar acuerdos de concesión minera y de aprobar las EIA, un trato que, según la crítica, generaba incentivos perversos.

En enero del 2013, el SENACE todavía estaba en las primeras etapas de implementación, y actualmente no hay una línea de tiempo clara sobre cuánto tiempo tomará que el MINEM transfiera oficialmente al SENACE la responsabilidad de aprobar las EIA, lo cual podría provocar que haya más retraso en los proyectos.

El gobierno ha intentado atender los reclamos de los manifestantes mediante la creación de la ley de consulta previa, que fue aprobada en agosto del 2011. Esta ley obliga al gobierno a consultar con los grupos indígenas afectados por proyectos de desarrollo antes de que estos sean aprobados. La ley no otorga a los pueblos indígenas el derecho a vetar las propuestas, sino que obliga al gobierno a demostrar que el proyecto está "debidamente justificado".

Idealmente la ley de consulta previa ayudaría a asegurar que los habitantes en zonas cercanas a centros mineros estén debidamente informados sobre el impacto de los proyectos sobre dicha área. Pedro Martinez, Expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petroleo y Energía (SNMPE), dijo para OBG que muchos de los conflictos alrededor de los proyectos mineros se han generado a partir de “la propagación de información errónea por parte de pseudopolíticos con una agenda en particular”. Martinez piensa que la SNMPE necesita establecer una “cultura de dialogo” con las comunidades que sea mejor y más fuerte para hacerlos conscientes de que la “industria minera ha recorrido un largo camino en los últimos 40 años y es más limpia, más eficiente y más responsable que antes”.

Sin embargo, no todas las formas de explotación minera cumplen con las mismas normas de la ley. Los 100,000 trabajadores involucrados en la minería informal en el Perú representan un problema importante. A menudo la minería ilegal no cumple la legislación laboral ni la ambiental. Actualmente el MINEM está trabajando comprometidamente para formalizar el sector.

Una forma de probar la capacidad del gobierno para resolver el conflicto puede ser el proyecto Tía María, propuesto por la empresa estadounidense Southern Copper, que tiene sucursales en Perú y México. El gobierno será responsable de establecer las consultas con la comunidad local a principios de este año. Southern Copper espera recibir la aprobación del gobierno para el segundo trimestre del 2013. De tener éxito, la aprobación de la gestión de este polémico proyecto debería ayudar a disipar los temores de los inversionistas en el futuro.

A pesar de los retos antes mencionados, las oportunidades mineras que existen dentro del Perú son inmensas. Como resultado, el país debería seguir atrayendo importantes inversiones en el sector minero, siempre que el gobierno siga atendiendo las preocupaciones de la industria y de la población por igual.

 

Peru: Mining for potential

Despite Peru’s vast mineral wealth and the many large investments planned for the mining sector in the short term, social conflict and other regulatory issues are creating production delays that could deter future investors if not resolved quickly.

Over the past year, a number of mining operations were stalled or abandoned due to social conflict. Recently, in September 2012 Canada-based Barrick Gold shut down operations at its Pierina mine for one day following a dispute between the police and villagers, which left one protestor dead.

Meanwhile, the conflict surrounding the Conga mine was one of the most publicised in 2012. Newmont Mining, the majority stakeholder in the Conga mine, in cooperation with the national government, decided to suspend its operations indefinitely. Putting the $4.8bn copper project on hold was a major blow for Newmont and the mining sector as a whole, as investors began to doubt the government’s ability to address social unrest surrounding mining projects.

While the government has implemented several important changes in policy surrounding extractive industry since the end of the Conga conflict in August 2012, social unrest continues to interrupt and delay mining projects. In early February 2013 authorities and residents of the Los Baños del Inca district in the mineral-rich Cajamarca region were organising to protest the Yanacocha mine, which is also managed by Newmont.

One of the primary concerns of protestors is the environmental impact of mining projects, particularly in regard to local water supply. The national government has taken steps to address this issue through the creation of the new National Service for Environmental Certification of Sustainable Investments (SENACE).

Approved by the Ministry of Environment in December 2012, SENACE will be responsible for approving the Environmental Impact Assessments (EIAs) for large-scale investment projects. Previously, the Ministry of Energy and Mines (MINEM) was responsible for both rewarding mining concession agreements and approving EIAs, an arrangement that critics argued created perverse incentives.

As of January 2013, SENACE was still in the early stages of implementation, and there is currently no clear timeline as to how long it will take to officially transfer the EIA approval responsibilities from the MINEM to SENACE, which may result in further project delays.

The government has made attempts to address protestors’ grievances through the creation of a law of prior consultation, which was approved in August 2011. The law requires the government to consult with indigenous groups affected by development projects before projects are approved. The law does not grant indigenous groups the right to veto project proposals, rather it obligates the government to prove that a project is “duly justified”.

The law of prior consultation ideally would help to ensure that residents near a mining site are accurately informed of the impact of potential mining projects on the surrounding area. Pedro Martinez, the ex-president of the National Society of Mining, Petroleum, and Energy (SNMPE), told OBG that much of the conflict surrounding mining projects has resulted from “the spread of misinformation by pseudo politicians with a particular agenda.” Martinez believes that the SNMPE needs to establish a greater and stronger “culture of dialogue” with communities to make them aware that the “mining industry has come a long way in the past 40 years and is cleaner, more efficient, and more responsible than ever before”.

However, not all forms of mining abide by the same standards of law. The 100,000 workers involved in informal mining in Peru are a major problem. Illegal mining often fails to abide by either labour or environmental legislation. The MINEM is currently engaged in a formalisation effort in the sector.

One testing ground for the government’s ability to resolve conflict may be the Tia Maria project proposed by US-based Southern Copper, which has branches in Peru and Mexico. The government will be responsible for setting up consultations with the local community early this year. Southern Copper expects to receive the government’s approval by the second quarter of 2013. If successful, the administration’s approval of this controversial project should help to allay investors’ fears going forward.

Despite the aforementioned challenges, the mining opportunities that exist within Peru are immense. As a result, the country should continue to attract significant investment in the mining sector, as long as the government continues to make address the concerns of the industry and the population alike.

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