El Perú reconstruye sus infraestructuras de transporte deterioradas

Peru

Economic News

18 Aug 2017
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El aumento del presupuesto para la reconstrucción de carreteras deterioradas en todo Perú tras las recientes inundaciones debería ayudar a restablecer la conectividad económica del país, aunque la inversión pública seguirá siendo insuficiente para subsanar las deficiencias en infraestructuras.

En su discurso anual del 28 de julio, el presidente Pedro Pablo Kuczynski expuso sus planes para renovar la red de transporte y otras infraestructuras dañadas por las inundaciones durante la primera mitad del año.  

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados ​​por el fenómeno climático El Niño entre diciembre del año pasado y junio destruyeron unos 6.090 km de caminos rurales y 4.803 km de carreteras, según el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia. Esto equivale a más de un tercio de la red vial peruana de 26.700 km, y supone una gran demanda de nuevas construcciones y de financiación para infraestructuras.

Para reconstruir las estructuras perdidas, el gobierno ha asignado 20.000 millones de soles peruanos (6.100 millones de dólares) para la restauración inmediata y la reconstrucción de las infraestructuras básicas, según dijo el presidente Kuczynski en su discurso.

Asignación de fondos públicos

Además de a la reconstrucción de 47.000 casas, casi 2.000 escuelas y 150 centros de salud, el gobierno dará prioridad a la reconstrucción de 8.700 km de carreteras y cientos de puentes.

Aunque gran parte de esta inversión se destinará a reparaciones, el gobierno también planea reemplazar infraestructuras en zonas vulnerables a las condiciones climáticas. Según el presidente Kuczynski, esto implicará mejorar la gestión y prevención de riesgos derivados de unas condiciones meteorológicas muy cambiantes, principalmente mediante la reubicación de rutas de transporte.

"El cambio climático es un problema mundial que nos está afectando gravemente", dijo. "Debemos estar preparados."

El Gobierno ya había asignado fondos adicionales para apoyar las tareas de reconstrucción y reparación tras las inundaciones. A mediados de marzo, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció un aumento del 3% en el gasto presupuestario, que supone otros 4.400 millones de soles (1.300 millones de dólares).

Impacto en la economía y el presupuesto

Aunque necesario, el aumento del gasto conllevará el déficit: el primer ministro Fernando Zavala prevé que el déficit fiscal llegue al 3,5% en el 2018, por encima del 2,6% proyectado para este año. Sin embargo, el Gobierno afirma que el presupuesto regresará al superávit en cuatro años.

Mientras, la inyección monetaria podría favorecer el crecimiento: en respuesta al aumento del gasto en infraestructura, el FMI revisó el pronóstico de crecimiento del PIB peruano en 2018. Ahora se prevé que la economía aumente un 3,8 %, un poco más del 3,7% estimado en junio.

En una declaración emitida el 27 de julio, el Fondo expuso que, aunque los desastres naturales y la inestabilidad política habían afectado a la economía, se espera una mayor inversión pública para que se produzca un mayor dinamismo y se acelere el crecimiento del PIB.

Reparación y sustitución

En un acelerado esfuerzo para restaurar las conexiones de transporte, los miembros del gobierno insisten en que estas inversiones reemplazan y actualizan las infraestructuras perdidas, pero no suplen todas las carencias del Perú en este aspecto.

Paliar estas carencias es vital para el desarrollo económico y social del país. Según una investigación realizada por la Universidad del Pacífico en el año 2015, Perú necesita invertir 159.500 millones de dólares en infraestructuras hasta 2025 para cumplir con sus objetivos de desarrollo.

De esta cifra, 59.500 millones de dólares, o un 36% del total, se destinarían al sector del transporte, casi el doble de lo que requiere el sector energético.

Aunque actualmente hay obras de infraestructura en marcha por un valor de hasta 10.000 millones de dólares, según un estudio realizado por el bufete Rodrigo, Elías & Medrano, esta cifra está muy por debajo de la cantidad total necesaria.

A finales de julio se produjo un avance en el cumplimiento de los objetivos cuando el Gobierno confirmó que dos importantes proyectos –la expansión de la línea 2 de metro de Lima por valor de 5.660 millones de dólares y la renovación del principal aeropuerto de la capital por 1.500 millones de dólares– habían superado los obstáculos que los separaban de su planificación y aprobación final.

Informando el sector privado

Una vía de reducción del déficit del Perú en las infraestructuras de transporte es hacer un mayor uso de asociaciones público-privadas (APP).

En su informe más reciente sobre la economía peruana, emitido a finales de junio, el FMI dijo que las reformas gubernamentales para ampliar los marcos de inversión pública y APP ayudarían a reducir las carencias en infraestructuras.

Entre las reformas anunciadas a principios de este año se encuentran medidas para aumentar la transparencia y la responsabilidad, que requieren que los socios privados, respaldados por el Estado, acepten una mayor responsabilidad a la hora de acceder a la financiación y asumir los riesgos del proyecto.

Aunque son bienvenidos todos los intentos de impulsar medidas, la empresa de investigación Bonds & Loans, dedicada a asuntos de crédito de mercados emergentes, advierte que ciertas medidas, tales como obligar a los contratistas a asegurar la financiación antes de iniciar un proyecto o reducir garantías del Estado– podrían desalentar a las entidades de préstamo y a los promotores de participar en proyectos de APP.

 

 

Peru to rebuild damaged transport infrastructure

En Español

Increased spending to rebuild damaged roads across Peru after recent flooding should help restore the country’s economic connectivity, though public investment will still fall short of bridging the infrastructure gap.

In his annual address on July 28, President Pedro Pablo Kuczynski Godard outlined plans to revamp the transport network and other infrastructure damaged by flooding in the first half of the year.

Flooding and landslides caused by the El Niño climate cycle between December of last year and June destroyed some 6090 km of rural roads and 4803 km of highways, according to the National Emergency Operations Centre. This amounts to well over one-third of Peru’s 26,700-km road network, and creates large demand for new construction and financing of infrastructure.

To rebuild the lost tarmac, the government has allocated PEN20bn ($6.1bn) for immediate restoration and reconstruction of critical infrastructure, President Kuczynski said in his address.

Allocation of public funds

Alongside rebuilding 47,000 houses, almost 2,000 schools and 150 health centres, the government will prioritise reconstruction of 8700 km of road and hundreds of bridges.

While much of this investment will be directed towards repair, the government also plans to replace infrastructure in areas vulnerable to adverse weather conditions. According to President Kuczynski, this will involve enhancing risk management and prevention in light of fluctuating weather conditions, mainly by relocating transport routes.

“Climate change is a major global challenge which is hitting us hard,” he said. “We must be ready.”

The government had already allocated extra funds to support relief and rebuilding efforts in the wake of the flooding. In mid-March the then-minister of economy and finance, Alfredo Thorne, announced a 3% increase in budgetary spending, representing another PEN4.4bn ($1.3bn).

Impact on economy and budget

While necessary, higher spending will push the budget into deficit: Prime Minister Fernando Zavala forecast the fiscal shortfall would reach 3.5% in 2018, above the 2.6% projected for this year. However, the government has said the budget will return to surplus within four years.

In the meantime, the cash injection should be good for growth: in response to the increase in infrastructure spending, the IMF revised its GDP growth forecast for Peru in 2018. The economy is now projected to expand by 3.8%, slightly higher than the 3.7% estimated in June.

In a statement issued on July 27, the fund said that while natural disasters and political instability had affected the economy, it expected higher public investment to produce more dynamism in the coming months and accelerate GDP growth.

Repair and replace

In fast-tracking efforts to restore transport connectivity, government officials stress that these investments are replacing and upgrading what has been lost, rather than eliminating Peru’s infrastructure deficit.

Bridging this gap is seen as vital to the country’s social and economic development. According to research undertaken by Universidad del Pacífico in 2015, Peru needs to invest $159.5bn in infrastructure by 2025 to meet its development targets.

Of this, $59.5bn, or 36% of the total, would need to go towards the transport sector, almost double the needs of the energy sector.

Though there is currently up to $10bn worth of road infrastructure works in the pipeline, according to a study by law firm Rodrigo, Elias & Medrano, this is well short of the total amount needed.

A step towards fulfilling this came in late July, when the government confirmed that two major projects, Line 2 of the $5.66bn Lima Metro expansion project and a $1.5bn renovation of the capital’s main airport, had both cleared final planning and approval hurdles.

Looping in the private sector

One route to narrowing Peru’s deficit of transport infrastructure is through greater use of public-private partnerships (PPPs).

In its most recent review of Peru’s economy, released at the end of June, the IMF said that government reforms to broaden frameworks for public investment and PPPs would help address the infrastructure gap.

Among the reforms enacted earlier this year are measures to increase transparency and accountability, and require private partners in state-backed developments to accept greater responsibility for accessing finance and taking on project risk.

While moves to boost discipline are welcome, Bonds & Loans, a research firm covering emerging market credit issues, warns that certain measures – such as requiring contractors to secure funding before breaking ground on a project, and reducing guarantees from the state – could discourage lenders and developers from participating in PPP projects.

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